José Granados Fernández

@JoseGranadosF

Para el 17 de octubre, a la 1:00 p.m., fue programada la audiencia preparatoria del juicio en el que el ex alcalde de Malambo, Robin Hernández Casado, quien gobernó de 2004 a 2007 en nombre del movimiento Voluntad Popular, deberá responder por el delito de “concierto para delinquir agravado”, del que lo acusó la Fiscalía General por sus vínculos con el paramilitarismo.

El juicio contra el exmandatario lo llevará a cabo el Juzgado Penal del Circuito Especializado, bajo el radicado 2019-0017, informó a Emisora Atlántico y Zona Cero.com el abogado y defensor de derechos humanos, José Humberto Torres.

Contra Hernández Casado la fiscal 26 de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales, Fabiola Ortiz Durán, dictó, el 31 de octubre de 2018, “resolución de acusación” con base en testimonios de paramilitares del frente José Pablo Díaz, organización criminal que, además de unos 2.000 asesinatos, de 1999 al 2006 cimentó un notorio poder político y administrativo en el departamento del Atlántico.

Ante magistrados de Justicia y Paz y la Fiscalía General, contra el exalcalde testificaron, entre otros, Édgar Ignacio Fierro Flores, alias ‘Don Antonio’, comandante paramilitar, y por lo menos diez jefes y mandos medios del grupo armado ilegal.

Ellos dieron a conocer reuniones con Robin Hernández, como la que tuvo lugar en 2005 en la Base Corea, en la Sierra Nevada, a la que, según ‘Don Antonio’ el exalcalde acudió con una persona que identificó como “Fernández Garcés, designada para ello por Carlos Mario García, alias ‘El Médico’ o ‘Gonzalo’, jefe político del José Pablo Díaz; también revelaron acuerdos para que los paramilitares recibieran el cinco por ciento de toda la contratación municipal, el manejo del Plan de Atención Básica de la salud y del Hospital de Malambo.

‘Don Antonio’ expresó en una de sus declaraciones que como los acuerdos se dieron cuando ellos estaban en el proceso de desmovilización, él no tuvo información sobre los aportes por sus ocupaciones en la entrega de armas de los paramilitares en el corregimiento de Chimila, pero manifestó que el cumplimiento de lo acordado quedó en manos de otros integrantes de la organización.

Además, los paramilitares revelaron que en alguna oportunidad Hernández les dio 4 millones para comprar una moto y otro aporte adicional de 2 millones en efectivo. Asimismo, que el dirigente malambero, antes de ser elegido, “colaboró con la compra de armamento y vehículos”, se lee en la resolución de acusación.

En su defensa, en la indagatoria que rindió el 23 de abril de 2014, el investigado manifestó a la Fiscalía que no tuvo nexos con los paramilitares, que no conocía ni tuvo trato alguno con Fierro Flores y dijo que tampoco llegó a acuerdos para repartirles a los paramilitares recursos municipales; también negó que fuera cierta la información que las autoridades encontraron sobre ayudas desde Malambo en el llamado ‘Computador de Don Antonio’, donde estaban guardados todos los secretos de los actos delictivos y los acuerdos con políticos, alcaldes y gobernadores de Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y La Guajira.

Al desestimar lo expresado por el exmandatario, la fiscal Fabiola Ortiz concluyó que “aparece probado el acuerdo (de) connivencia, promoción, fomento y financiación en el tiempo del grupo armado ilegal por parte de Robin Hernández Casado”, y dijo que las pruebas allegadas demostraban que incluso antes de ser alcalde este apoyó a los paramilitares y después lo hizo como primera autoridad municipal.

En la acusación la fiscal Ortiz le recrimina a Hernández Casado su relación pública con los paramilitares, a quienes recibía en las instalaciones de la Alcaldía, lo que, a juicio de la funcionaria, produjo un “alto grado de daño público y con este al bien jurídico tutelado, como lo era la seguridad pública”.

Para la delegada de la Fiscalía, el mensaje casi directo del exalcalde con su relación con los paramilitares era que lo realizado por el grupo armado ilegal estaba dentro de lo legal, porque si la máxima autoridad del municipio, que era el ejemplo a seguir, lo hacía por qué razón no podía hacerlo cualquier otro ciudadano.

De acuerdo con las tenebrosas estadísticas de asesinatos en el Atlántico, los paramilitares asesinaron en Malambo a 116 personas.

Pese a estas acusaciones de la Fiscalía, el exalcalde Robin Hernández sigue teniendo una importante actividad política con representación en el Concejo. En el actual proceso electoral funge en la sombra como aliado de un candidato a la Alcaldía, aunque su apoyo produzca tanta vergüenza que nadie quiere aceptarlo en público.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com preguntaron a Robin Hernández, en un mensaje de wasap, si enfrentará su juzgamiento en la justicia ordinaria o se acogerá a la Justicia Especial para la Paz, JEP, pero no respondió.